¿Por qué un cubano no puede alojarse en un hotel aunque disponga de dólares obtenidos honradamente? ¿Se debe ejercer la solidaridad con otros países en el campo de la salud, cuando debido a esta colaboración los servicios médicos se han deteriorado notablemente en el país? ¿Es posible evitar la corrupción mientras continúen pagándose sueldos ínfimos? ¿Por qué el Estado no estimula la creación de cooperativas y pequeñas empresas privadas en sectores en que su gestión ha demostrado ser ineficiente? Quejas y criterios como éstos, y otros que cuestionan políticas oficiales hasta ahora intocables, se escuchan estos días en reuniones y asambleas celebradas en la isla.

No se trata de una espontánea revuelta popular. Nada que ver. Pero el comienzo del debate en células de base del Partido Comunista (PCC), centros laborales y Comités de Defensa de la Revolución (CDR) del discurso que pronunció Raúl Castro el 26 de julio pasado, en el que anunció cambios «estructurales» y «de concepto» para solucionar los problemas económicos, ha destapado una caja de truenos.

La discusión, propiciada por las autoridades bajo la consigna de expresar libremente cualquier preocupación o sugerencia, está provocando una verdadera catarsis colectiva: aluviones de críticas a la marabunta de trabas y vanas prohibiciones que hacen la vida difícil a la gente; quejas angustiadas por el escaso poder adquisitivo de los salarios o la pésima situación del transporte y la vivienda; denuncias de las contradicciones más sangrantes, empezando por la dualidad monetaria y los elevados precios de artículos básicos que sólo pueden adquirirse en divisas, cuando la mayoría cobra exiguos salarios en moneda nacional.

«El mensaje, mayoritario, es que en Cuba hacen falta cambios, y cuanto antes, mejor», resume un abogado que ha participado en una de las asambleas de barrio. Con independencia de los lugares donde se realizan, las preocupaciones y reclamaciones expresadas por la gente son similares, aunque el nivel y profundidad de los análisis difiere. El lamento ante las calamidades cotidianas, predominante, ha dado paso en algunos lugares a cuestionamientos más profundos.

En la CUJAE, la mayor universidad politécnica de La Habana, el intercambio entre los militantes de la Juventud Comunista derivó a la cuestión de la necesidad de replantear «las relaciones de propiedad» en el socialismo. Como en otros ambientes académicos, se abordaron problemas como el de la excesiva «estatización» que constriñe el desarrollo económico y la necesidad de fomentar la creación de cooperativas y permitir la pequeña empresa privada para estimular la producción.

A comienzos de la semana pasada, el CDR de La Puntilla, en el reparto de Miramar, uno de los barrios bien de La Habana, celebró su asamblea. Se explicó a la gente que podía dar cualquier opinión y que de la reunión se levantaría un acta que será remitida al comité municipal del PCC, donde un equipo está encargado de recibir los informes y transmitir las quejas y sugerencias a las instancias superiores.

Tras la lectura del discurso -de una hora- comenzaron las intervenciones. La reunión empezó con cierta tibieza y se fue animando. «Se llegó a cuestionar la política de enviar a los jóvenes a las escuelas del campo -por no haber condiciones de alimentación ni recursos para atenderlos adecuadamente-, o a criticar que las autoridades la cojan contra los jubilados que hacen cualquier negocio para subsistir, como vender maní tostado, cuando las verdaderas causas de la corrupción son otras; la primera, que con un salario normal no se puede vivir dignamente», comentó uno de los vecinos. Todo un símbolo: la idea más reiterada en La Puntilla, y en otras reuniones de las que conoció este diario, fue una cita del discurso de Raúl: «Revolución es sentido del momento histórico, es cambiar todo lo que deba ser cambiado…». Aquellas palabras, el 26 de julio, abrieron ciertas expectativas en Cuba. En tono realista y autocrítico, Raúl Castro mencionó los asuntos que más agobian a los cubanos, entre ellos, «los salarios claramente insuficientes para vivir», y admitió que había que «transformar concepciones y métodos superados por la vida».

Según el decir popular, es el propio presidente interino el que ha pedido el debate y ha solicitado que no se maquillen los resultados y criterios vertidos, por duros que sean. Las discusiones se extenderán a todo el país en las próximas semanas, pero, por lo que se conoce hasta ahora, la gente no ahorra críticas. En el diario Granma, el templo de la ideología, surgió con fuerza un asunto que ya es clamor popular: la queja por el deterioro de la salud pública debido al envío de médicos y recursos a Venezuela, política hasta ahora intocable. Y en algunos centros académicos se han reclamado mayores espacios de participación y para influir en la toma de decisiones políticas.

¿El alcance? Algunos recuerdan que a comienzos de los noventa tuvo lugar un proceso similar. «La gente habló hasta por los codos, pero poco se hizo», asegura un ex militante comunista. Como él, hay muchos escépticos que se inclinan por el «ver para creer». Una figura política comprometida con la actual línea opina: «Lo que está saliendo ahora es lo mismo que la gente dice en la calle y en su casa». Consciente de que el concepto clave en el debate que comienza es cambio, habla de «crear consensos» y afirma: «O hacemos nosotros los cambios, o los hace la historia».

Autor: Mauricio Vicent (publicado en El País)