No premiar al malhechor
El Ministro de Exteriores Miguel Ángel Moratinos arguye ante el Congreso español que el gobierno cubano ya ha cumplido su parte al liberar a presos de conciencia que mantenía encarcelados desde la primavera del 2003, de los cuales 39 han llegado ya a España; y que ahora toca a la Unión Europea levantar su Posición Común, una política adoptada bajo el gobierno de José Ma. Aznar que suspende toda colaboración económica con La Habana como castigo a dicha oleada represiva.
En esa redada Félix Navarro Rodríguez fue condenado a 25 años de prisión por el régimen de FC, y el autor de estas líneas a quince. Lo traté mucho desde antes de ir presos y siempre fue un opositor probadamente pacífico y con gran arraigo popular en su natal Perico (Matanzas), donde fue director de una escuela secundaria. Coincidimos en la prisión de Canaleta. Nunca ha pensado en abandonar Cuba. Saylí Navarro es una chica magnífica; por ser hija de Félix el año pasado la expulsaron de la universidad.
Arnaldo Ramos Lauzurique es economista, tiene 68 años y fue condenado a 18, que hasta hace poco había estado cumpliendo en prisiones muy alejadas de su provincia de residencia. Es el mayor de todos nosotros los 75 disidentes condenados. Siempre ha dicho que quiere morir en Cuba, su patria. Su madre, muy ancianita, aún espera por la liberación de su hijo.
Pedro Argüelles Morán tiene 62 años y está condenado a 20 por ejercer el periodismo independiente. Estuvimos en la misma prisión (aunque nunca en la misma galera) de Canaleta. La catarata que padece le ha disminuido tanto la visión que cuando lo veía en el comedor, barrotes mediante, a veinte pasos me reconocía primero por la voz. Dice que de Cuba no hay quien lo saque.
Félix, Arnaldo y Argüelles son tres de los doce presos de conciencia que han decidido permanecer en Cuba.
Lo que estipula la Posición Común de la UE es que sería levantada sólo cuando se diera en Cuba un verdadero avance hacia la Democracia y el respeto a los derechos humanos, y esto sencillamente no ha sucedido.
Yo respeto el papel mediador del gobierno español, del PSOE y del Ministro Moratinos; y gracias a esto, entre otros factores, estoy libre. Pero el hecho de que un grupo de nosotros estemos ahora en España cuando un par de meses atrás estábamos en prisión, no significa para nada que estemos en presencia de un cambio de conducta de la dictadura cubana.
En primerísimo lugar estábamos injustamente presos, por divulgar la terrible realidad que sufre nuestro pueblo por vías no permitidas por el régimen castrista, que copa todos los medios de información. Fuimos arbitrariamente condenados, sometidos a una farsa de juicio ante un tribunal que nos había condenado de antemano, todos cuyos miembros respondían a los intereses del Partido Comunista de Cuba, y donde no tuvimos una defensa como tiene que haber en un juicio que merezca tal nombre, (la única vez que pude hablar con mi abogada defensora fue durante cinco minutos antes de la vista y me pidió de favor que me levantara para siquiera verles la cara a sus otros cuatro defendidos). Fuimos sentenciados a penas severísimas (a los 75 nos condenaron a una sumatoria de casi 1500 años, a casi 20 por cabeza) por una actividad opositora ejemplarmente pacífica y civilista. Los minuciosos registros a que fueron sometidos nuestros hogares no arrojaron ningún arma, ni en nuestros textos apareció incitación alguna a la violencia.
Si cumplíamos injusta prisión, en condiciones de hacinamiento, de mala alimentación, en compañía de reos comunes peligrosos, y muy lejos de nuestras familias (en mi caso a 777 km de La Habana), lo cual imponía crudelísima condena a ellas también, entonces qué mérito tiene que el régimen acepte que salgamos a España, en condiciones de cuasi desterrados, sin darnos ningún documento donde conste que hemos sido puestos en libertad, y sin siquiera poder visitar nuestros hogares, cuando en primer lugar nunca debimos haber sido condenados ni ido a prisión, a cambio de que la UE le suspenda la sanción.
A los hermanos nuestros que heroicamente han decidido quedarse en Cuba, renunciando a salir para España o para cualquier otro país libre, se les otorgaría no libertad incondicional sino una licencia extrapenal, que podría ser revocada incluso sin juicio y cuando el tirano de turno lo estime conveniente.
Incluso si todos los presos políticos y de conciencia hubiéramos sido puestos en libertad en Cuba con la posibilidad de elegir nuestro destino libremente y para que tuviéramos la opción de seguir luchando por la democracia para nuestra Patria y el respeto a los derechos humanos desde dentro, la liberación incondicional (que no el destierro) de todos los presos políticos y de conciencia cubanos sería siempre un primer paso elemental en un tránsito hacia la democracia y la plena vigencia de la Declaración Universal de Derechos Humanos en Cuba. Pero esta primera medida no implica en modo alguno que se vayan a tomar otras. Esta sería condición necesaria (imprescindible, diría yo) pero no suficiente para declarar que en Cuba ha comenzado un irreversible proceso de democratización.
Nadie puede garantizar que ese mismo gobierno modificará el código penal, derogará las leyes violatorias de los DDHH, flexibilizará la ley electoral para que haya en Cuba elecciones multipartidistas, permitirá a los cubanos participar en la economía de nuestro país con plenos derechos, crear sindicatos libres, fundar periódicos, estaciones de radio y canales de TV independientes del Estado y del Partido Comunista, y salir del país y entrar libremente. Falta mucho aún.
Lo que debe estar sobre la mesa es no un grupo de presos políticos como fichas de cambio sino la posibilidad de un futuro democrático para Cuba.
Autor: Juan Adolfo Fernández Saínz