Denuncian recrudecimiento por parte del gobierno cubano de las prohibiciones para entrar y salir del país
Las periodistas independientes Inalkis Rodríguez, Iris Mariño, Sol García e Isel Arango (revista La Hora de Cuba), Luz Escobar (diario 14yMedio) y Yunia Figueredo Cruz (Diario de Cuba), así como la activista Leticia Ramos Herrería (grupo Damas de Blanco) han sido víctimas de una decisión arbitraria rotulada bajo el eufemismo de “estar regulado”.
También han sido denunciados los casos de María Elena Mir Marrero, Enix Berrio Sarda, Boris González Arenas, Fernando Palacio Mogar, Abdel Legrá y Alberto de la Nuez, todos de la Mesa de Unidad de Acción Democrática (MUAD), quienes se dirigían a diferentes eventos en Panamá y Colombia.
El director ejecutivo del Observatorio, Alejandro González Raga, dijo que “El gobierno cubano utiliza tretas jurídicas para el juego sucio, amparado en supuestos problemas de defensa y seguridad nacional, razones de interés público y protección de la información oficial”, haciendo referencia a las justificaciones que presentan las autoridades aduaneras para evitar que puedan salir del país.
En la misma situación se encuentran aquellas personas que viviendo en el exterior pretenden entrar al país, en cuyos casos el Estado cubano se atribuye el derecho de permitirles o no entrar, violando así sus derechos ciudadanos.
‘Todos aquellos que hayan sido ´sancionados´ por ejercer derechos pacíficos, internacionalmente reconocidos, como las libertades de expresión, asociación y pensamiento, recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos’, dijo González Raga.
El Decreto Ley 302 del 2012 ofreció nuevas posibilidades a los cubanos que deseaban salir de Cuba, pero otorgó al gobierno de La Habana la potestad de decidir quién podía o no salir de la isla. Los controles aduaneros se han convertido en barreras de contención para llevar a cabo el impedimento de viaje a aquellos que consideren peligrosos o enemigos de la Revolución.
El OCDH reitera su condena al accionar de las autoridades cubanas contra miembros de la sociedad civil y rechaza la aplicación selectiva de “una ley que fue creada por el Estado cubano no para garantizar un derecho, sino para restringirlo y utilizarlo discrecionalmente”.
Autor: cibercuba.com
