“Denunciamos el patrón de chantaje a los defensores de derechos humanos con la cárcel o el exilio, un patrón utilizado cientos de veces en los últimos años para forzar a los activistas al exilio y también contra decenas de prisioneros políticos. Alertamos que el régimen pretende usar sus cuerpos como moneda de cambio para obtener concesiones de la comunidad internacional”, comentó Rosa María Payá, directora de la Fundación para la Democracia Panamericana.

«Algunos de estos presos han sido acosados en prisión por agentes del Estado con el chantaje de que solo podrán salir de prisión si aceptan irse de Cuba”, agregó la opositora y destacó los «abusos y hostigamiento contra los familiares de los presos políticos, muchos de los cuales también sufren detensiones arbitrarias o han sido forzados al exilio”.

La activista también mencionó el “uso de las torturas físicas, psicológicas y hasta farmacológicas contra las prisioneras y prisioneros politicos” en el país.

Por su parte, Juan Carlos Vargas, director del Centro de Denuncias de la Fundación para la Democracia Panamericana, apuntó que entre enero de 2022 y abril de 2024, la organización documentó 3.234 incidentes de violaciones a los derechos humanos en Cuba.

“En 2023 detectamos un incremento del 65% de los incidentes y en los primeros cuatro meses de este año registramos 702 violaciones, lo que ya significa un 33% más”, explicó.

Los incidentes de violaciones a los derechos humanos por parte del Estado incluyen hostigamiento, persecución, golpizas, expulsiones de centros de trabajo o de estudios, atentados y otros incidentes.

“Ochocientos sesenta de los 1.577 incidentes del año 2023 fueron violaciones contra los derechos de las mujeres y en lo que va de este año, 416 de los 702 incidentes registrados tuvieron como víctimas a mujeres, siendo maltratadas, torturadas, dejadas, acosadas y hostigadas por representantes del Estado”, agregó.

Durante la audiencia, grupos de la sociedad civil presentaron varios testimonios de presos políticos y de sus familiars, entre ellos, de Carlos Michael Rodríguez Morales, grabado el 4 de mayo poco antes de entrar en prisión.

Rodríguez Morales continuaba este pasado domingo ingresado en el centro médico de la cárcel de Guamajal, ubicada en la provincia Villa Clara, por una huelga de hambre, según informó a Martí Noticias su hermana Mabel Morales.

Entre los testimonios presentados por video estuvo el de Emilio Román Rodríguez, padre de 3 prisioneros políticos, Emiyoslan, Yosney y Mackyani; de Lisdani Rodríguez, prisionera política actualmente embarazada; María Julia Beltrán, madre del joven preso político Julián Massola; y el de Marta Beatriz Ferrer, hija del preso político José Daniel Ferrer, quien hizo un llamado a la Comisión y a la comunidad internacional para que intervenga de manera efectiva en el caso de su padre y del resto de los prisioneros políticos.

“La comisión pudiera plantear el caso de los presos politicos cubanos en el pleno” de la Organización de Estados Americanos y “si se tienen los votos que exista una reunión en el Consejo Permanente sobre el tema de Cuba”, porque “es necesario que pueda informarse a todos los estados de la región sobre esta gravísima situación”, dijo Stuardo Ralón, relator para Cuba de la CIDH.

La audiencia de este lunes en la CIDH se hizo a petición del Centro de Acción y Defensa por los Derechos Humanos, Civil Rights Defenders, Faro Austral, la Fundación para la Democracia Panamericana, Impulsa Latinoamérica, el Instituto Patmos, la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia y la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU).

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos encargado de la promoción y protección de los derechos humanos en el continente americano.