La Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional considera que la ola represiva del Gobierno de Fidel Castro podría tomar una mayor magnitud al paso de los meses del presente año.

El informe presentado por la Comisión alude al hostigamiento policial y a la represión total de otras fuerzas represivas contra la sociedad en las que intervienen las organizaciones de masas, políticas y militares del país. El sector civil -cuenta propistas, receptores, merolicos, vendedores de divisa, de carne de puerco, disidentes, balseros, fabricantes clandestinos de ron, artesanos, desvinculados laborales y de estudios que realizan, unos, actividades de venta consideradas ilegales, y otros- representa para el gobierno cubano una fuerza no productiva y antisocial, y son sancionados y perseguidos por la ley.

Informaciones compiladas referentes a dichos sucesos en los municipios habaneros, así como en otras partes de la isla, expresan que la batalla del gobierno por eliminar el delito y la corrupción durante los dos primeros meses del año actual ha tomado una gran dimensión.

A principios de enero la policía del municipio de Güines lanzaba una ofensiva contra los poseedores de balones de gas ilegal, durante la cual se decomisaron más de cincuenta. Los acusados fueron sometidos a intensos interrogatorios en el Departamento Técnico de Investigaciones (DTI) del municipio San José de las Lajas en la provincia Habana. Sus declaraciones, dicen las fuentes, arrojan que otra cadena de participantes implican a centenares de personas más de dicha localidad.

Este mes cerca de una treintena de jóvenes, también batabanoenses, fueron citados a una sala de video para sostener una entrevistas con un oficial de Seguridad del Estado. Además estaban presentes representantes de Fiscalía, del Partido, de la Juventud y el Jefe de la policía, junto a otros subordinados de sectores. En la reunión los citados fueron advertidos de que se les aplicaría la ley de peligrosidad -hasta cuatro años- por no estar insertados en la sociedad. Entre los citados se encontraban Osvaldo Lliteras, Jorge Luis Placeres, José Hernández, Francisco Reyes, Arturo Sánchez. A los citados no se les dio oportunidad de expresar su opinión. Pero tampoco les ofrecieron vías de empleo con oportunidades en una reunión fugaz de apenas media hora.
De igual manera, caso similares tuvieron lugar en el resto de los municipios habaneros como confirmaron algunos testigos, y la situación se extendió a nivel nacional por una orientación del gobierno.

Otras acciones eran llevadas a cabo simultáneamente. En la capital por mencionar algunos ejemplos, hubos decomisos de bicitaxis, multas contra vendedores de caramelos, maní o dulces, y la policía operaba contra las antenas parabólicas.

A menos de cincuenta metros de la sede de la CCDHRN un operativo de la policía técnica desmanteló un tendido de cables de antenas donde estaban conectados un grupo de vecinos como una opción alternativa para disfrutar la televisión extranjera. Los inculpados de la calle 32 entre 19 y 21, y 22 y 21 entre 32 y 34 en el municipio Playa de la capital fueron multados con 1,500 y 5 mil pesos con confiscación al propietario que ofrecía el servicio ‘ilegal’ a un grupo de convecinos. La acción policial, llevada sin el apoyo de medios técnicos, especialistas de la empresa telefónica ETECSA, ocasionó que entre las decenas de cientos de metros de cables arrancados por la policía de postes eléctricos y azoteas fueron afectadas las líneas telefónicas de varias familias.

En Batabanó, decenas de residentes han sido encarcelados hasta la fecha, entre ellos pescadores, patrones de barcos, traficantes y receptores de langosta y camarón, que han confesado su culpabilidad según fuentes familiares, por supuesta malversación a los bienes del Estado y otras acusaciones que se les imputan.
Por otra parte, el pasado día diez un camión de transporte alternativo que viajaba de Batabanó a La Habana fue requisado tres veces en su ruta antes de salir del municipio por policías situados a distantes puntos de control. En las pesquisas las autoridades decomisaron a un sujeto un saco de ajos que había comprado a campesinos de una cooperativa de la comunidad El Sopapo. Minutos más tarde en el asentamiento La Julia un oficial llamado Iván, Jefe de sector local, detenía al propio vehículo para revisar a los pasajeros. ‘En un abuso de poder y falta de educación y de ética. Sin decir los buenos días o por favor colaboren, comenzó a dar manotazos en las piernas de los pasajeros exigiéndoles levantar las piernas y abrir las maletas para ver qué transportaban’, comentó un disidente que fue testigo del hecho.

Mientras tanto, en el cercano municipio de Bejucal residentes del área informaron que las autoridades habían tendido un cerco a los vendedores de huevos.

En Pinar del Río la situación es casi similar. Allí dos carros de la brigada especial azotan el mercado Alameda, en la capital provincial, cada tres días contra los vendedores de dólares, que son detenidos y multados. Pagaban igual precio los vendedores de pan con jamón, de ron casero, de huevos y aceite en el barrio el Rancho.

Autor: Richard Roselló/Cubanet
Lugar: La Habana