La situación de los derechos humanos y las libertades en Cuba sigue siendo crítica. Lejos de haber más libertades y derechos para los ciudadanos, el gobierno de Cuba continúa controlando la libertad de expresión en la isla y hostigando a los activistas de derechos humanos.

La organización humanitaria Amnistía Internacional ha emitido un nuevo informe que pone de manifiesto las duras restricciones que impone el gobierno cubano a sus ciudadanos en materia de derechos y libertades.

Los cubanos no tienen libertad de expresión. En Cuba todos los medios de comunicación impresos y audiovisuales están bajo el control del Estado. Además, tampoco existe libertad de acceso a Internet – sólo hay acceso, y muy limitado, en oficinas gubernamentales y en las instituciones educativas-. Asimismo, en 2006 se observó un aumento de los actos de hostigamiento e intimidación contra periodistas y bibliotecarios independientes.

El informe también destaca el elevado número de personas que están injustamente encarceladas por haber expresado libremente sus opiniones contrarias al régimen, y por haber defendido los derechos y libertades que merecen los cubanos. Al menos 67 presos de conciencia –personal docente, periodistas y defensores de los derechos humanos detenidos por sus actividades pacíficas – permanecen privados de libertad en cárceles de toda Cuba.

Los defensores de los derechos y las libertades son juzgados sin las garantías que exigen las normas internacionales. Muchos de ellos esperan durante meses e incluso años a que se les haga un juicio, mientras que otros son juzgados y condenados al cabo de unos días. Existen irregularidades patentes en las causas y en las condenas: una gran mayoría está privada “de libertad sin cargos, y en algunos casos sin juicio, por sospecharse su participación en actividades contrarrevolucionarias o bajo acusaciones poco claras”.

En cuanto a las condenas impuestas –exageradas la mayoría de las veces-, el informe desvela que se aplican condenas injustas e injustificadas. “A menudo son condenados por un delito de peligrosidad social. Se trata de una medida preventiva definida como la especial proclividad en que se halla una persona para cometer delitos, que persigue toda conducta contraria a la moral socialista”.

Y otro dato relevante: en los últimos meses –tal y como denuncian activistas y periodistas- ha aumentado la intimidación y hostigamiento a los disidentes políticos, y a sus familiares, por parte de las fuerzas de seguridad del estado cubano. “Prácticamente a diario informes de disidentes políticos, periodistas independientes y detractores que están siendo detenidos por participar en actividades disidentes o informar sobre la situación de los derechos humanos en Cuba y enviados a prisión”.

AI recuerda también en el informe que en Cuba aún existe la pena de muerte. El gobierno cubano mantiene la pena de muerte para delitos muy graves, como los actos de terrorismo, y en los últimos años sólo se ha aplicado en contadas ocasiones. Según Amnistía hay en toda Cuba unas 40 personas condenadas a muerte.

Autor: SEC