Cuba no sólo encarcela periodistas sino que pone en riesgo su vida por las malas condiciones de encierro. Casi un tercio de los periodistas en prisión está con problemas de salud.

Mientras en México crece el asesinato y se reducen otras formas de agresiones, en Colombia se reduce el asesinato y crecen otras formas de agredir al periodismo. Después de veinte años de liderazgo en el asesinato de periodistas, Colombia cede el primer lugar de América Latina a México.

Con la no renovación de la licencia a RCTV, el gobierno de Venezuela ha consolidado su hegemonía comunicacional a nivel masivo y popular, y las voces críticas redujeron su contacto con esa audiencia.

El caso RCTV disparó un doble debate en América Latina: a) la renovación de las licencias de radio y televisión en toda la región, y b) sobre las diferentes concepciones de libertad de prensa.

El gobierno boliviano ha tomado las primeras medidas restrictivas hacia los medios comunitarios que no controla, mientras sigue desarrollando su propio sistema de medios.

Las Asambleas Constituyentes de Bolivia y Ecuador serán un lugar de competencia de las diferentes concepciones de la libertad de prensa que existen hoy en toda la región.

Mucha legislación mordaza mantiene su sobrevida, a pesar de que en la mayoría de los casos se trata de ‘letra muerta’. Sin embargo, los Parlamentos se resisten a eliminarla.

Las Cortes Supremas de América Latina son actores clave en la construcción del marco en el que se ejerce el periodismo en cada país.

Crece la discusión sobre la distribución de la publicidad oficial en América Latina. En la mayoría de los países por el criterio favoritista para distribuirla. En Uruguay y Chile no habría favoritismo, pero sí hay debate para fijar nuevos criterios para distribuirla.

Los niveles locales del estado y la sociedad incivil son los principales enemigos del ejercicio del periodismo en la mayoría de los países de la región.

Cuba

Cuba sigue siendo la principal cárcel americana para periodistas, y también hay riesgo de vida, dado que sus largas condenas las viven en condiciones que crean o agravan problemas de salud. En el informe de la SIP se dice que ‘entre los 47 hechos coercitivos reportados figuran amenazas policiales, interrogatorios arbitrarios, actos de repudio por grupos progubernamentales, golpizas en plena calle, detenciones temporales, multas por desobediencia, allanamientos y registros de domicilio, desalojos, incautación de dinero y objetos personales, limitación de movimiento en el territorio nacional y retención indefinida del permiso para emigrar, y hasta despidos laborales en represalia contra familiares del periodista por supuesta falta de confiabilidad’ .
Autor: Diario Exterior