La Organización No Gubernamental (ONG) ´Solidaridad Española con Cuba´ y la ´Plataforma Cuba Democracia Ya´ pidieron hoy al Ejecutivo español que condicione la normalización de las relaciones con La Habana a avances probados en materia de democracia y derechos humanos.

Según la ONG española, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero debe condicionar sus relaciones con el Ejecutivo cubano a que éste tome medidas positivas y «concretas» en materia de democracia y derechos humanos.

«La normalización completa de relaciones debe producirse cuando en la isla se dé una transición pacífica hacia la democracia. Esto pasa, en primer lugar, como preámbulo necesario, por la liberación de todos los presos de conciencia cubanos», señala el presidente de la ONG, Ricardo Carreras Lario, en un comunicado.

Mientras tanto, añade, «las relaciones deben mejorar siempre y cuando se produzcan avances concretos, o sea, de forma condicionada».

Y de momento, «el gobierno castrista no ha dado ninguna muestra reciente de apertura en el terreno de las libertades políticas, sociales o económicas, sino todo lo contrario», denunció Carreras.

También la ´Plataforma Cuba Democracia Ya´, alertó hoy de que «la credibilidad del Gobierno español quedará gravemente tocada si, tras empeñar su prestigio, no aparecen avances tangibles» en la isla caribeña.

«Una vez más se repite el sainete de ver a las autoridades españolas intentando mediar y hacer algo y, enfrente, al canciller cubano mofándose en la cara del Gobierno español repitiendo la gran mentira de que ´en Cuba no hay presos políticos´», añade esta organización.

La petición de estas dos organizaciones se produce el mismo día en que el canciller cubano defendió la «eliminación definitiva de la posición común de la Unión Europea hacia Cuba», que data del año 1996, como paso indispensable para una normalización y recomposición plena de las relaciones y el diálogo político entre La Habana y Bruselas.

Pérez Roque hizo esta solicitud en una conferencia de prensa en Madrid, tras entrevistarse con la vicepresidenta del Gobierno español, María Teresa Fernández de la Vega, y con el ministro de Asuntos Exteriores.

El 2 de diciembre de 1996, los socios europeos aprobaron un documento que establecía su estrategia política futura hacia Cuba, vinculando la cooperación a la apertura democrática, a partir de una iniciativa del entonces jefe del Gobierno español, José María Aznar.