El empleo para los más de siete mil jóvenes cubanos egresados este año de la universidad, resulta incierto, a causa de las reformas laborales y el programa de despidos, iniciado en octubre de 2010.

Trascurrido casi un año desde que se anunció el despido paulatino de más de un millón de personas, la interrogante en la mente de cada joven es obvia: ¿Cómo podrá el estado cumplir su compromiso legal con los egresados, cuando miles de trabajadores experimentados y con alto nivel educacional resultan “no idóneos”?

La única solución ofrecida la explicó para el periódico cubano Gramna, Mario Miranda, director de Formación y Desarrollo del Ministerio de Trabajo: “en este proceso, el principio es proponer la ubicación de los jóvenes en correspondencia con las necesidades y prioridades económicas y sociales del país”.

A pesar de que la posición oficial del gobierno cubano excluye a los recién graduados de la actual ola de despidos, los obliga a aceptar plazas laborales inferiores a su nivel, sin más explicación que “las necesidades del país identificadas en la producción y los servicios”.

“Se necesitarán más que eufemismos para disimular la precaria situación, pues solamente están garantizadas cuatro plazas de informáticos para los titulados en la Universidad Central, en la provincia de Villa Clara”, declararon a martinoticias.com fuentes en condición de anonimato.

“La otra alternativa que se rumora es la de abrir formas de cuentapropismo para los profesionales, pero aún no se ha dicho nada definitivo, solo es un rumor”, señaló Yusmila Reina, ex profesora universitaria de Santiago de Cuba, víctima de los recientes despidos.

Desde el pasado año, la ubicación laboral de los recién graduados comenzó a presentar dificultades, como es el caso de los jóvenes graduados de Licenciatura en Turismo en la Universidad Central de las Villas, quienes debieron esperar dos meses para ser ubicados en plazas inferiores e incluso ajenas a su especialidad.

Ante la resistencia de los estudiantes a ocupar plazas inferiores a su nivel, los especialistas del Ministerio de Trabajo proponen “apelar a la persuasión y a la discusión con los jóvenes sobre las prioridades y carencias del país”.

Según estipulan las Leyes 1254 y 3771, el nuevo profesional debe cumplir su adiestramiento laboral en el lugar donde ha sido asignado para su servicio social, durante un periodo comprendido entre seis meses y dos años.

Aunque con trabajo garantizado, el estatus económico de los jóvenes cubanos no es muy halagüeño: un salario mensual de 275 pesos durante el tiempo de servicio social y si al concluir alcanzan una plaza de especialista, el monto asciende a 345.

La incertidumbre laboral de los jóvenes no es exclusiva de Cuba; muchos países del mundo la padecen, aún más acentuada en tiempos de crisis. De acuerdo con un informe de la Organización Internacional del Trabajo, el desempleo afectó en el año anterior al 6,7 por ciento de los 104, 2 jóvenes en edad laboral de América Latina y el Caribe.

Por años el gobierno cubano ha facilitado carreras politécnicas y profesionales desmedidamente, con la instauración del estudio como forma de empleo, e incluso con la superación obligatoria de los trabajadores bajo riesgo de perder su empleo.

En cuanto a las consecuencias sociales de esta situación, la filóloga y periodista independiente Miriam Leiva, advirtió sobre el desinterés de los jóvenes por el estudio al percatarse de que los oficios o la bolsa negra ofrecen mayores dividendos.

La emigración se ha mostrado igualmente como vía de escape “porque el gobierno buscaba sacar a las personas que eran contestatarias y eso fue creando un ansia de resolver los problemas fuera de Cuba, además de la pérdida de valores ético cívicos”, apuntó Leiva.

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Autor: Radio Martí