Amnistía Internacional denuncia la «represión sistemática» en Cuba y la negación de derechos en sus cárceles
Amnistía Internacional (AI) ha denunciado «la represión sistemática de la disidencia y de la libertad de reunión pacífica» y expresión en Cuba, así como la “negación de los derechos humanos” en sus cárceles.
En su informe centrado en la Isla, en el contexto del documento sobre la situación de los derechos humanos en el mundo en 2025, AI señala que en Cuba «continúa la política sistemática de represión contra activistas e integrantes de la oposición política» y que la labor de quienes defienden los derechos humanos «continuó siendo estigmatizada y criminalizada».
«Activistas, integrantes de la oposición política, artistas, intelectuales, estudiantes de universidad y personas defensoras de los derechos humanos sufrieron amenazas, hostigamiento, acoso digital, interrogatorios y vigilancia ilegales”, puntualiza el documento.
Indica, además, que el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (Ocdh) documentó al menos 3.179 acciones represivas y 529 detenciones arbitrarias en todo 2025.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos documentó al menos 3.179 acciones represivas y 529 detenciones arbitrarias en todo 2025
El texto llama la atención sobre la represión a la “libertad de reunión pacífica”, que, indica, ha sido “reprimida mediante el despliegue de fuerzas policiales y detenciones selectivas los días posteriores a la celebración de protestas» no violentas.
Por otro lado, hace alusión a denuncias de “casos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes como prácticas recurrentes en las cárceles cubanas”. “En 2025, la organización Cubalex documentó 39 muertes de personas privadas de libertad en prisiones del país”, agrega.
La organización recuerda que permanecen en la cárcel personas como Luis Manuel Otero Alcántara, Maykel Castillo Osorbo, Loreto Hernández, Roberto Pérez fonseca y Sayli Navarro, que AI clasifica como presos de conciencia.
Apunta que estos disidentes y activistas han criticado prácticas recurrentes de privación de llamadas telefónicas, visitas familiares y beneficios penales y también denunciado que “recibieron palizas y amenazas contra su vida y fueron sometidos a nuevos procesos judiciales”.
AI se refiere asimismo a la excarcelación anunciada en enero de 2025, con 553 beneficiados (de los que alrededor de la mitad resultaron presos por motivos políticos, según distintas ONG) y considera que estos procesos «han estado marcados por la falta de transparencia, el trato deshumanizante y la ausencia de garantías de reparación y no repetición”.
Al abordar otros temas como el feminicidio, AI señala que continúa “sin ser considerado delito autónomo» y critica que el Estado no facilite estadísticas oficiales sobre feminicidios o violencia contra las mujeres. De acuerdo con datos elaborados por EFE a partir del registro de organizaciones feministas independientes como Yo Sí Te Creo y Alas Tensas, en 2025 se produjeron en Cuba al menos 46 asesinatos machistas.
AI advierte asimismo que “los apagones de electricidad han afectado los derechos a la salud y la educación en Cuba y “el acceso a alimentos o medicamentos suministrados por el Estado ha sufrido un grave deterioro”. En este sentido, recogió un informe de Food Monitor Program que señaló que cerca del 97% de los cubanos habían perdido acceso a alimentos por la inflación y que más del 60% destinaba entre cinco y quince horas semanales a conseguir comida.
“Los apagones de electricidad han afectado los derechos a la salud y la educación en Cuba y “el acceso a alimentos o medicamentos suministrados por el Estado ha sufrido un grave deterioro”
En el informe a nivel global, la organización advirtió contra la emergencia de un nuevo orden global basado en la lógica de la «depredación» practicada por varios líderes mundiales, entre los que destacó al estadounidense Donald Trump, el israelí Benjamín Netanyahu y el ruso Vladímir Putin.
«Se trata de un ataque directo a los cimientos de los derechos humanos y el orden internacional basado en normas, perpetrado por los actores más poderosos con el objetivo de conseguir control, impunidad y beneficios», dijo la secretaria general de AI, la francesa Agnès Callamard.
Este nuevo orden nace de la suma de «poderosos Estados, corporaciones y movimientos antiderechos», y sus objetivos como acabar «con el multilateralismo, el derecho internacional y los derechos humanos».
¿Y cuál está siendo la respuesta del mundo? «En el peor de los casos, la complicidad; en el mejor, la política del apaciguamiento» con estos líderes que practican el «matonismo». Callamard lamentó que democracias asentadas como las europeas estén optando casi todas por esa «política del apaciguamiento», con pocas excepciones como la del Gobierno de España.
Callamard describió el ‘modus operandi’ de estos «depredadores políticos y económicos»: primero, usan su poder de veto –practicado por EE UU, Rusia y China– en el Consejo de Seguridad de la ONU para hacer inoperativa a la organización y, seguidamente, denuncian su inutilidad para exigir otro orden mundial, al estilo de lo que Trump ha hecho con su llamada Junta de la paz.
En su punto de mira también están los tribunales internacionales –el Tribunal Penal Internacional y la Corte Internacional de Justicia–, cuyas órdenes de arresto quedan en papel mojado porque distintos países optan por el «apaciguamiento» y se niegan a tomar medidas contra Putin o Netanyahu en sus desplazamientos internacionales. De ese modo, socavan la autoridad de los organismos.
Aunque el «genocidio» de los palestinos en Gaza y la guerra en Ucrania aparecen en lo alto de las violaciones, el informe también destaca las matanzas en Sudán –espoleadas por actores externos como Emiratos Árabes Unidos–, el constante ataque a las mujeres de Afganistán o la intromisión de Ruanda en la vecina República Democrática del Congo, entre otros conflictos.
Amnistía Internacional considera que el sistema multilateral construido a lo largo de 80 años puede ser imperfecto, pero atacarlo es «ignorar los logros para que se reconozcan los derechos universales»
Amnistía Internacional considera que el sistema multilateral construido a lo largo de 80 años puede ser imperfecto, pero atacarlo es «ignorar los logros para que se reconozcan los derechos universales, la adopción de múltiples pactos y convenciones internacionales y de leyes nacionales que protegen contra la discriminación racial y la violencia contra las mujeres».
En referencia a Latinoamérica y en declaraciones a EFE, Callamard reconoce que existe una especie de ‘efecto Bukele’, en el sentido de que varios países están eligiendo líderes que rechazan o minimizan los derechos humanos en pro de una sociedad más segura, o incluso militarizada.
Opina que este es «un problema grave» que captan bien «políticos populistas que proveen respuestas poderosas pero limitadas ante problemas complejos», debido a que los Gobiernos anteriores no han sabido dar soluciones a carencias sociales donde a veces se combina la inseguridad, la pérdida de poder adquisitivo o el desempleo.
«Pero al final, el pueblo verá que el emperador está desnudo», vaticinó, refiriéndose en general a los populistas latinoamericanos.
Y en cuanto a la pérdida de fe de todo el ‘sur global’ en el sistema multilateral y los instrumentos de la legalidad internacional, Callamard reconoció que «el doble rasero practicado por Occidente con Israel ha envenenado la confianza» de muchos países en este sistema multilateral.
Sin embargo, también recuerda que ha sido en el sur global –y citó los casos de Nepal, Kenia, Indonesia o Marruecos– donde generaciones de jóvenes han salido a las calles «en nombre de los derechos humanos» o «contra el genocidio de los palestinos», lo que demuestra que un orden mundial basado en derechos y en contrapesos todavía goza de predicamento entre las generaciones futuras.
