Más de 15 horas. Este es el tiempo que la cooperante viguesa Gracia Regojo Bacardí estuvo retenida en el departamento de Inmigración de Cuba. Según sus propias declaraciones, la secretaria de la Fundación CUME, permaneció horas en un centro de internamiento «aislada y sin poder hablar con nadie». La única explicación aparente de este atropello es que Regojo está emparentada con la familia propietaria del popular ron cubano Bacardí, exiliada del país.

Las autoridades cubanas impidieron entrar en la isla a la cooperante con el único argumento de que es «inadmisible». Gracia Regojo llegó al aeropuerto de Santiago de Cuba el pasado lunes, le retiraron el pasaporte y la trasladaron a La Habana, donde permaneció retenida hasta el martes por la noche. Después del interrogatorio al que fue sometida esta viguesa, de 42 años, tuvo que pasar horas aislada hasta que llegó el cónsul español, avisado por el Gobierno de España. En ningún momento le permitieron descansar o ir a un hotel.

Regojo llegó ayer a España. En sus declaraciones afirma no entender el motivo de su detención. «Tenía billete de ida y vuelta y el visado en regla», declaró la cooperante. Unas afirmaciones que contrastan con las emitidas por el propio Ministerio español de Asuntos Exteriores que indican que la cooperante no cumplía los requisitos que establece el Ejecutivo cubano para entrar en el país. «Ella fue con un visado de turista expedido por una agencia de viajes y necesitaba uno específico para realizar allí labores humanitarias», afirmaron desde Exteriores. Sin embargo, Regojo dice que viajó en calidad de turista pero apostilla que siempre lo hizo así y nunca tuvo problemas para entrar en la isla.

¿A qué viene esta absurda justificación? ¿Por qué el Gobierno de España se empeña en disculpar esta flagrante violación de los derechos de una ciudadana española por parte del Gobierno cubano? ¿Tendrá acaso que ver con la próxima visita a España del ministro de Exteriores cubano, Pérez Roque? ¿Por qué esa obsesión con no hacer o decir nunca nada que incomode a la dictadura castrista?

El Gobierno de España, y más concretamente el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, debería recapacitar y exigir una explicación, por vía oficial al Gobierno cubano y mandarle así un mensaje claro de que estos comportamientos no son tolerables. Y no respaldar, como ha hecho en esta ocasión, a un Gobierno que sistemáticamente viola su propia legislación y los convenios internacionales que le obligan a informar a la Embajada española y a permitir que esta representación ampare desde el primer momento a los ciudadanos españoles retenidos.

Lo «inadmisible» en esto es que el Ministerio de Asuntos Exteriores, con su laxo comportamiento, mire para otro lado, una vez más, mientras el Gobierno cubano comete abusos contra españoles que viajan a Cuba.